A partir de esta documentación el Ministerio Público podrá acordar las acciones legales pertinentes contra aquellas entidades de crédito que hayan llevado a cabo estas prácticas comerciales o financieras y declarar la existencia de cláusulas abusivas y la nulidad de los contratos firmados con vulneración de la ley
Chamizo, que se ha reunido con el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, ha declarado a los periodistas que las reclamaciones y quejas presentadas pueden agruparse en tres bloques.
El primero corresponde a personas conocedoras de las cláusulas y habituadas a hacer inversiones, por lo que su reclamación tiene pocos visos de prosperar; el segundo a los que no tenían el perfil de usuarios conocedores de productos bancarios tan complicados y un último que incluye a personas mayores, que llegaron a firmar con el dedo, discapacitados o incluso menores.
Según Chamizo, en este último grupo es donde se hace más evidente la posible existencia de delito, de ahí que le conste que ya hay algunas entidades bancarias que están tratando de llegar a acuerdos con los propios afectados.
Además de las cerca de 300 denuncias registradas ante la Fiscalía, aquellas que estaban "más analizadas" y que invirtieron cada una media de entre 6.000 y 10.000 euros, el Defensor cree que "de ahí a final de año" el número de éstas se pueden triplicar o cuadruplicar y que actualmente habría más de 60.000 afectados.
