Los grupos ecologistas ya han anunciado que recurrirán la decisión del Ministerio Público y que elevarán una queja ante el fiscal Anticorrupción en Madrid contra el decreto de la Fiscalía Provincial que ordena el archivo de las diligencias abiertas para dirimir si existió infracción penal en la actuación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras.
En una nota, el portavoz de la organización 'Salvemos Mojácar', Jaime del Val, criticó los fundamentos en los que el fiscal López Cervilla argumenta la decisión y que reitera el contenido de un escrito en el mismo sentido que se dictó en junio de 2007 y que el juez de lo contencioso administrativo de Almería Jesús Rivera obligó a retomar al ordenar que se dedujese testimonio por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Del Val aseguró que, al adoptar la misma línea, "falta a la verdad" ya que, a su juicio, "en ningún caso se puede llamar corrección a una modificación ilegal" que, tal y como reconoce el propio fiscal en su decreto, "se realizó por vía de hecho y sin aprobación pública cuando afectaba a la protección de más de 50 zonas del parque natural Cabo de Gata-Níjar".
Fiscalía no ve mala fe
La Fiscalía Provincial de Almería considera que no puede "extraerse mala fe o intencionalidad o falsedad" frente a lo sostenido por el juez que declaró nula la licencia municipal de obras, quien calificó de "burda maniobra" la modificación que se hizo de la planimetría oficial del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
Sostiene en esta línea que "no se puede hacer ningún reproche penal" a ambas administraciones y subraya se "cumple con creces el plazo de prescripción previsto en el artículo 131 del Código Penal al haber transcurrido más de diez años desde la modificación de los planos "por parte de la Junta de Andalucía.
El escrito rechaza, asimismo, que el Ayuntamiento de Carboneras actuase contra derecho al autorizar la edificación ya que la zona "no era merecedora de especial protección ambiental sino que era compatible con el uso urbanístico" al tiempo que matiza que, si bien la concesión del permiso pudo infringir la Ley de Costas al no respetar la zona de servidumbre en 100 metros su "apreciación resulta de difícil interpretación ya que la parcela estaba bajo un plan parcial aprobado en el periodo transitorio de aplicación de la normativa".
El fiscal López Cervilla cuestiona, en esta línea, que la Consejería de Medio Ambiente actuase con "abulia y desidia", tal y como sostenía el fallo del juez Rivera que acusaba de sustituir la planimetría del parque natural Cabo de Gata-Níjar oficialmente publicada en BOJA en 1994 por otra para "permitir la construcción del hotel en suelo de especial protección", y por tanto, la existencia de hechos que revistan carácter de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
A su juicio, la modificación de tres mapas realizada en 1997 sobre los difundidos un año antes obedece a la "corrección de errores detectados en la confección inicial" que, si bien se hizo por vía de hecho, "no el medio más idóneo para salvar anomalías" no es ilícito ya que el paraje de El Algarrobico era "urbano conforme a las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras".
Sesenta activistas del grupo ecologista protestan contra la "pasividad" del Ministerio de Medio Ambiente ante el cierre del complejo en el parque natural de Cabo de Gata
