La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que en Andalucía el sistema sanitario público lo tiene "todo previsto" para que aquellas personas que tengan la vecindad administrativa en la comunidad, "sean inmigrantes o no", sigan recibiendo la atención sanitaria no urgente que hasta la fecha se les venía dispensando
El gobierno andaluz entiende que la restricción a la atención sanitaria o el copago farmaceútico vulneran un artículo de la Constitución Española y cuatro del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estos son los argumentos que llevarán ante el Tribunal Constitucional antes del 24 de julio para que la reforma sanitaria del gobierno de Rajoy quede anulada.
En su acuerdo de autorización del recurso, el Consejo de Gobierno señala que el Real Decreto-Ley elimina el espacio de desarrollo normativo que corresponde a las comunidades autónomas y vulnera las competencias reconocidas en el Estatuto andaluz al centralizar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento y control de la condición de beneficiario o asegurado.
Respecto a la prestación farmacéutica, la norma estatal también vulnera la distribución de competencias entre la Administración central (establecimiento de las bases y la coordinación general de la sanidad) y la Comunidad Autónoma, que en virtud del artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía tiene atribuciones exclusivas en materia de regulación de la actividad farmacéutica. En este sentido, el Real Decreto-Ley incluye normas sobre los medicamentos que tiene que dispensar el farmacéutico sin dejar margen para la comunidad autónoma.
