La Iglesia defiende en Estrasburgo su veto a los profesores de religión | Noticia | Cadena SER

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El Tribunal, cuya sentencia sentará jurisprudencia, decidirá sobre el caso de José Antonio Fernández, un ex-sacerdote que fue despedido por la Diócesis de Cartagena por asistir a una reunión del movimiento pro-celibato opcional. José Antonio Fernández había sido contratado seis años antes por el Obispado cuando ya estaba casado y tenía cinco hijos.

El escrito de personación, al que ha tenido acceso la Cadena SER, está firmado por el Secretario General de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino y en él se manifiesta el "interés directo" de la Jerarquía Eclesiástica en esta resolución judicial ya que, según afirma textualmente, corresponde a la Iglesia la propuesta para contratar a los profesores de religión y también el establecimiento de los criterios morales que determinen la idoneidad de esos docentes para impartir la asignatura. Además, los obispos aluden a la independencia y libertad de la Iglesia Católica en la materia y a la no injerencia estatal en la regulación de sus cuestiones internas.

El caso es la culminación de una batalla legal iniciada por José Antonio Fernández en 1988, cuando la Diócesis de Cartagena le despidió de su puesto como profesor en un Instituto de Mula (Murcia). Allí había estado dando clases durante más de seis años. Tanto el Obispado, como el claustro del centro y todos sus alumnos conocían su condición de ex-sacerdote casado y con cinco hijos. Sin embargo, su asistencia a una reunión del Movimiento Pro-Celibato Opcional, a la que acudió como público, fue el detonante para su despido. Tras perder el caso ante el Constitucional, Fernández agota ahora la vía judicial pidiendo amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En declaraciones a la Cadena SER, asegura que sólo pide justicia y que se reconozca que su despido fue nulo. También denuncia la hipocresía de la jerarquía eclesíastica porque cuando le contrataron ya conocían su condición de ex-cura casado.

La sentencia de Estrasburgo sentará jurisprudencia y tendrá plenos efectos en el estado español, con lo que, en el caso de una resolución favorable al demandante, sería determinante para los numerosos recursos por despidos nulos presentados por profesores de religión en toda España.