“¿De verdad, con el corazón en la mano y un análisis mínimamente sereno de la realidad, alguien puede probar que la Iglesia española está perseguida?”. Esta pregunta, hecha pública hace dos meses, no fue formulada por ningún miembro del Gobierno, ni del PSOE, sino por la revista cristiana 21RS (Reinado Social), editada por la Congregación de los Sagrados Corazones. Con la manifestación de este sábado, en contra de la reforma educativa que tramita actualmente el Parlamento, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha apoyado ya dos protestas contra actuaciones legislativas del Ejecutivo: la primera, contra el matrimonio entre personas del mismo sexo; ahora, contra la eliminación del carácter evaluativo de la asignatura de Religión en la educación pública. En las dos se acusa al Gobierno de atacar a los católicos.
Los prelados de nuevo se lanzan a la calle portando pancartas contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La cita es este sábado, 12 de noviembre, en Madrid. La razón: la nueva ley de educación que el Parlamento tramita actualmente contempla, entre otras reformas, la supresión del carácter evaluativo de la asignatura de Religión (tanto para la repetición de curso, como para la concesión de becas), aunque su oferta sigue siendo obligatoria para los centros, pero voluntaria para los alumnos.
A las protestas, los obispos españoles han añadido el ataque directo al Ejecutivo, calificándolo como “tirano”, “totalitario y “que aplasta la vida inocente de los débiles”. Han llamado a la desobediencia civil y han llegado a asegurar que “las campañas sobre el uso del preservativo no frenan los contagios de Sida”, aunque las cifras de la OMS desmienten dicha afirmación. La Iglesia incluso ha comentado desde los púlpitos cuestiones como los rumores de negociación entre el Gobierno y ETA, “un experimento alocado”, o sobre los pactos políticos, “que fomentan la contradicción”.
A pesar de las tensiones, Gobierno e Iglesia están condenados a entenderse, según lo acordado entre el Estado y la Santa Sede en 1979. Las polémicas entre ambas instituciones siempre han girado en torno al dinero y la educación. En cuanto a la financiación, la Iglesia no sólo recibe contribuciones económicas que superan los 3.000 millones de euros anuales, sino que además no paga impuestos como el IRPF, patrimonio o contribución urbana. En cuanto a la educación, se atribuye la potestad de elegir y despedir a los profesores que imparten la asignatura de Religión.
Relaciones Estado-Iglesia en Europa
La tensa relación que mantiene el Gobierno y la Iglesia Católica española no es la tónica general en el resto de países europeos.
En Alemania la educación pública y privada es competencia de los lander, y en principio tiene un carácter laico. Al igual que contempla la actual reforma española, los colegios alemanes están obligados a ofrecer asignatura de religión católica y protestante. En la mayoría de los Estados federados es obligatorio y puntuable la asistencia a esta asignatura o su alternativa, 'Historia de las Religiones'. En cuanto a la relación entre Estado e Iglesia, existe concordatos con la Católica, la Protestante y la Judía, no con la Musulmana al no existir un único interlocutor. La relación entre ambas instituciones es muy buena, a diferencia de la que mantienen los obispos con las autoridades vaticanas.
Quizá sorprenda la situación que se vive en Italia, un país donde la presencia del Papado y el Vaticano está tan presente en la vida política y social, la asignatura de la Religión no es obligatoria en los centros públicos. El Gobierno garantiza el derecho a la enseñanza religiosa cuando es solicitada por los padres, una opción que pide sólo uno de cada tres estudiantes. En cuanto a las relaciones con el Gobierno, tanto el primer ministro Berlusconi, como el presidente de la Cámara de diputados, católicos practicantes a los que se impide comulgar por estar divorciados, apoyan que el Estado asuma el coste de la sustitución de sacerdotes por profesores de Religión.
En Francia, la ley del laicismo, que cumple cien años, establece una clara división entre el Estado y los diferentes cultos religiosos, incluida la Iglesia Católica. En función de esta ley, la Religión y sus símbolos quedan excluidos de los centros públicos, y se imparte como un complemento más en los centros católicos, musulmanes y judíos. El Estado mantiene una relación institucional normal con una cúpula eclesiástica que se hace notar poco en sus posicionamientos públicos.
Como contrapunto del sistema francés, en Irlanda el control de la iglesia católica en la educación es casi absoluto: 3.000 de los 3.200 centros de educación primaria están en manos del clero. Sin embargo, los numerosos escándalos de abusos sexuales a menores que salpica a la Iglesia han enfrentado a la población con el Vaticano. Los últimos sondeos apuntan a que un 80% considera necesaria una reforma profunda.
En Bélgica, el debate sobre la asignatura de Religión es un mero debate académico. Los centros católicos representan al casi el 50%, y en ellos, la asignatura católica es obligatoria. En los colegios públicos se puede elegir entre catolicismo, Islam o judaísmo, o alternativamente seguir un curso de ética laica.
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