Izquierda Unida (IU) pretende que la ley se cumpla, lo que en el caso de apostasía o renuncia a la fe católica es imposible ante los obstáculos que pone la Iglesia. Sin embargo, la coalición que lidera Gaspar Llamazares mantiene que la Ley de Protección de Datos puede ser una vía, porque obliga al responsable de los archivos, en este caso a los obispados, a borrar de ellos a todo ciudadano que lo solicite.
La diputada de IU Isaura Navarro alude al registro que lleva la Iglesia de todos aquellos que han sido bautizados y a la posibilidad que ofrece esta Ley de Protección de Datos a los ciudadanos para instar que se les borre de cualquier registro en el que figuren sus datos.
La Ley de Libertad Religiosa reconoce el derecho a renunciar a cualquier fe, pero 26 años después de su aprobación, la Administración no ha habilitado todavía un sistema que garantice el ejercicio de este derecho.
