Los neozelandeses quieren poder abofetear a sus hijos | Noticia | Cadena SER

• La Guardia Civil detiene a un médico de un centro escolar por abusar de menores
• Detenido un profesor que aprovechaba las clases para proponer vídeos porno a menores
• Menor pena a un pedófilo por limitarse a poseer y distribuir material pornográfico
• Un chico de 18 años ofreció imágenes de su hermana de 11 desnuda a cambio de un coche
• Cada vez más adolescentes van al odontólogo por los efectos del consumo de drogas
• Un guardia organiza una orgía en un museo
• Detenido un hombre por estafa y corrupción de menores
• Retiran la custodia de una niña a su madre para entregársela al padre condenado por maltrato
• Un estudio de imitación en monos podría dar luces sobre el autismo
• El Supremo eleva la condena a unos padres que causaron 57 cicatrices a su hijo

La pregunta planteada era: "¿Debe una bofetada, como parte de una corrección paterna apropiada, ser un delito en Nueva Zelanda?". El primer ministro, John Key, y el líder de la oposición, Phil Goff, decidieron no votar argumentando que la pregunta era tendenciosa y ambigua.

El director de la organización conservadora La Familia Primero, Bob McCoskrie, declaró que el Gobierno debe actuar inmediatamente para enmendar la ley y permitir las bofetadas. "Key no puede ignorar este resultado", dijo McCoskrie, que agregó que "el intento de los políticos de desestimar el referéndum por ambiguo e irrelevante ha sido respondido por los votantes".

La ley de 2007 pretendía reducir los elevados índices de abuso de menores de Nueva Zelanda y evitar que se utilizara la disciplina paterna como defensa en casos de agresión. Esta norma eliminó una disposición que permitía a los padres utilizar una "fuerza razonable" para enseñar a sus hijos. Algunos colectivos alegaron entonces que esta medida podría provocar que muchos padres ejemplares fueran procesados por la Justicia.

Un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2003 situó a Nueva Zelanda como el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en número de abusos y desatención a menores.

Sin embargo, esta consulta en la que participó un 54% de los ciudadanos no es vinculante por la presentación de sólo 300.000 firmas, según la Comisión Electoral.