Tras las anomalías denunciadas por el Defensor del Pueblo en los centros de menores, los partidos políticos y representantes sindicales piden a las Comunidades Autónomas una normativa común para los centros terapéuticos.
La mayoría de los 58 centros de menores que existen en España son gestionados por entidades privadas. El vacío legal hace que sean estas entidades las que fijen los programas de educación de los menores en vez de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia y la tutela de los chicos que viven en los Centros de Atención Psicoterapéutica.
Desde la Federación de Educación de Comisiones Obreras, Víctor García asegura que "las comunidades autónomas son las que tienen que poner coto al reglamento interno de cada centro. Uniformarlo, dentro de las diferencias que pueda tener cada centro de trabajo. Y sería el inicio para trabajar homogéneamente en todo el Estado, que actualmente no ocurre ni en todo el Estado, ni en ninguna comunidad autónoma".
Algunos de los centros peor parados en el informe del Defensor del Pueblo están en la Comunidad de Madrid. Según ha sabido la Cadena SER, la oposición ha pedido ya la comparecencia en la Asamblea de la Consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, para que dé explicaciones sobre la situación de estos centros. Además, según la diputada Pepa Amat, Izquierda Unida va a presentar "una proposición no de ley que regule el funcionamiento de estos centros y evitar que cada uno funcione aleatoriamente dependiendo de quien lo gestione, y lo hagan todos bajo los mismos criterios".
Estas peticiones se suman a las de los propios trabajadores sociales. Piden una regulación que fije, por ejemplo, cuántos educadores tiene que haber por cada niño, un protocolo de actuación en caso de las separaciones de grupo o que especifique las instalaciones que tiene que tener cada uno de estos centros.