El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy la nueva normativa laboral de los profesores de Religión. Los docentes tendrán contrato indefinido desde el principio, pero seguirán siendo los obispos quienes decidan su contratación o su despido. Las indemnizaciones, en cambio, las seguirá pagando el Estado.
El Gobierno considera que ha lograda una normativa laboral que reconoce “más derechos” que antes para los docentes de la asignatura de Religión católica. En efecto, los docentes de esta materia tendrán a partir de ahora un contrato indefinido, mientras que antes eran contratados por cursos.
Si el profesor dejara de cumplir los requisitos religiosos que fija el Concordato con la Santa Sede, el obispo deberá razonar jurídicamente porque ya no lo quiere en las aulas. Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la nueva normativa “cumple con los acuerdos internaciones firmados, supone un importante avance en las condiciones laborales de este colectivo de profesores, que por primera vez se va a ver beneficiado por el Estatuto de los Trabajadores y da cumplimiento a las directivas comunitarias”.
Lo que no cambia en nada en el origen de las indemnizaciones que se pagará a estos docentes en caso de despido improcedente por culpa del obispo de turno. Ese dinero no lo pagará la Iglesia Católica, aunque nunca lo ha hecho. Esa suma se imputará directamente a los presupuestos del Ministerio de Educación, es de decir, el prelado despido, el Estado español paga.
