El ministro Ángel Gabilondo mantiene su aspiración de contar con un documento consensuado con propuestas concretas a finales de febrero, después de la nueva reunión que mantendrá con las comunidades autónomas.
No hay plazos cerrados, pero el Gobierno es consciente de que eternizar las negociaciones no tiene sentido, e incluso podría ser contraproducente si el debate se alarga y acaba encallándose en la batalla electoral de las autonómicas que se iniciará en otoño en Cataluña.
Además, el PP también está pendiente de la sentencia sobre el Estatut, ya que mantiene recurridos ante el Tribunal Constitucional varios aspectos de la ley catalana de educación, que según los populares, supone un ataque a la enseñanza del castellano y una vulneración del currículum académico común que reclaman para los alumnos de toda España.
Así las cosas, y después de cuatro meses de contactos directos con el Partido Popular, el Gobierno no escatimará esfuerzos para alcanzar un pacto que ha suscitado ya, dicen, unas expectativas sociales en la opinión pública que no se pueden defraudar.
Y es que fuentes del PSOE y del ejecutivo consideran inasumible el coste en términos de credibilidad y aislamiento político que sufrirá quien se desmarque de un acuerdo al que se quiere vincular no sólo a los partidos, sino a las fuerzas sociales y a toda la comunidad educativa.
