El Policía Local de Palma que explota 70 infraviviendas comienza a desahuciar a los inquilinos a golpe de denuncia

Este jueves una comisión judicial ha ejectutado el primer desahucio de uno de los 30 trasteros ubicados en el sótano de un edificio en la avenida Joan Miró 24 de Palma que un policía local lleva años alquilando a inmigrantes y personas de bajos recursos como vivienda. Sótanos minúsculos sin luz natural, plagados de humedades y sin ventilación. 70 familias penden de un hilo después de que el agente de policía haya empezado a denunciar a los inquilinos por supuestos impagos de rentas con el objetivo de sacarles de los trasteros que alquila como viviendas y que tiene en propiedad en varios barrios de Palma.

Luis Ángel Patiño estaba esta mañana trabajando en una obra cuando ha recibido una llamada de uno de sus vecinos de los bajos de Joan Miró 24 que le ha informado de que una comisión judicial había ordenado su desahucio. Varios trabajadores a sueldo de este policía local se han desplazado a la zona para tapiar el trastero y que no se pudiera acceder. Gracias a los vecinos, que han sacado todas sus cosas de la casa, Patiño ha podido salvar sus pertenencias. Afirma que el agente le lleva meses presionando para irse y no le ha querido dar la fianza de 500 euros que le cobró cuando entró en el trastero de apenas 15 metros cuadrados. Varios agentes de policía han estado atendiendo a los inquilinos del edificio, que estaban muy nerviosos. Muchos de ellos han recibido cartas en las que les informan de que el agente de policía les ha denunciado por impago.

La abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha personado en el edificio y ha mantenido una reunión explicativa con los inquilinos. Gloria Olmos cree que el agente ha presentado varias demandas de jurisdicción voluntarias porque mediante esta fórmula si los denunciados no se presentan al acto reconocen implícitamente la deuda y no tienen derecho a asistencia jurídica gratuita.

Al desahucio también ha acudido el diputado del PSOE, Omar Lamín, que ha denunciado la inacción de las administraciones públicas. La Conselleria sabe desde hace meses lo que ocurre y todavía no ha recibido a la plataforma de vecinos que busca una salida a su situación. La semana pasada el Ayuntamiento de Palma anunció que ha sancionado a este agente con una suspensión de dos años y cuatro meses de empleo y sueldo por incumplir las normas de incompatibilidad. Esta medida se suma a la multa de dos millones de euros que la Conselleria de Vivienda le ha notificado por la explotación de unas 70 infraviviendas.