Las familias vulnerables, principales afectados del mercado del alquiler en Baleares: "No pueden ni soñar con acceder a una vivienda"

El mercado del alquiler en Baleares aparta, especialmente, a los residentes en situación de pobreza o exclusión social, que, según el informe del Estado de la Pobreza de 2023, que elabora la Xarxa per a la Inclusió Social, son el 25% de la población. "No pueden ni soñar en acceder a una vivienda". Es lo que ha señalado el director técnico, Andreu Grimalt, en referencia a aquellos con ingresos más bajos o que cobran alguna prestación social, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Social Garantizada (RESOGA), y que lamenta que el Govern no aplique la Ley Estatal de Vivienda como primer paso para encontrar una solución.

Esta emisora contaba la pasada semana la situación de una sanitaria que, cobrando 2.500 euros al mes, no lograba cumplir las condiciones que requerían los propietarios de las viviendas a las que solicitaba entrar. Grimalt lamenta que "si esta es la situación para una persona con estos ingresos, qué podrá esperar una familia que cobra una renta mínima".

Esta situación límite no tiene su origen únicamente en términos de precios, también en las condiciones para postularse ante un alquiler. La muestra de las últimas nóminas, la exigencia de cobrar un mínimo que determine el propietario o, incluso, las comisiones para la agencia. Este conjunto de condiciones, sumado a los altos precios, forman para Grimalt un escollo a la función social de la vivienda. "Precisamente, los grandes defensores de la Constitución son quienes dan prevalencia a la especulación por encima de esa función social", ha criticado.

Tiene claro que, al contrario de lo que ha decidido el Govern, se necesita declarar las zonas tensionadas que permite la Ley Estatal de la Vivienda, que sería una parte de la solución". "No creo que tenga como consecuencia que menos pisos salgan al mercado. Hay que apuntar a los grandes tenedores y especuladores, que atentan contra este derecho, y esta Ley reduciría la especulación", ha indicado.

Ha reclamado también que es necesario el funcionamiento de un observatorio público de la vivienda que permita conocer el rango de precios que se ofertan en las Islas "mejor que a partir de los portales inmobiliarios, aunque muestren una situación real". En este sentido, ha aludido a un acuerdo firmado con los partidos políticos de Baleares hace un año mediante el que se hacía efectivo el derecho a una vivienda y que contemplaba la creación de ese observatorio. Cabe recordar que a finales de 2023 Cort presentó la creación de un Observatorio de la Vivienda relativo a Palma.