Historia de una deslegitimación: cómo la derecha española ha ido borrando del mapa todas las líneas rojas

Los días que se ha tomado Pedro Sánchez para deliberar si continúa o no al frente del Gobierno tienen precedentes en la democracia española y llegan después de ataques constantes al presidente y a la legitimidad del Ejecutivo y a las instituciones públicas. La derecha y la extrema derecha han atacado la validez de un gobierno elegido democráticamente pero también a los organismos que tomaban decisiones que les perjudicaban.

Gobierno ilegítimo

Todo empezó tras las elecciones del 23 de julio. Cuando el PSOE tuvo que negociar la investidura de Pedro Sánchez, tanto el PP como Vox cuestionaron la legitimidad del acuerdo y del Gobierno. "Esta investidura nace de un fraude, lo que se trae hoy a la cámara no se votó en las urnas", dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. En Vox, Santiago Abascal fue más allá y directamente aseguró que "se estaba formando un Gobierno ilegal".

Después, llegó el acuerdo de amnistía para los líderes independentistas y el tono se elevó aún más. "O el dictador en el banquillo, o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel", espetó Abascal entonces. "No admitimos que la presidencia del Gobierno sea una compraventa. Sánchez ha comprado su investidura a cambio de la impunidad legal de sus socios pagada con los impuestos de los españoles", insistió Feijóo en las manifestaciones convocadas aquellos días contra la medida de gracia. La extrema derecha también convocó manifestaciones en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, que terminaron en actos violentos en varias ocasiones. Uno de los días más virulentos fue el 31 de diciembre pasado. En plena nochevieja, varios manifestantes quemaron un muñeco que representaba al presidente del Gobierno.

Críticas a Begoña Gómez

Ya a principios de año, la derecha empezó a señalar sin pruebas a la mujer del presidente. En marzo, El PP presentó una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses en la que pedía que se inhabilitase a Pedro Sánchez por "no abstenerse en el rescate de Air Europa, una compañía que, según los populares, "tenía vínculos con su mujer". Feijóo dijo entonces que "si Sánchez creía que había dado carpetazo a lo que pasaba en su casa se equivoca" y añadió que "hay asuntos que no se despachan con una pregunta".

Cuestionamiento de la independencia judicial

Cuando la mayoría del Tribunal Constitucional pasó a ser progresista se convirtió para el PP en "un tribunal de parte". Son palabras del vicesecretario popular, Miguel Tellado, que cuestionó la legitimidad del cambio. Tampoco han facilitado en Génova la renovación del Poder Judicial. En Génova argumentan que Sánchez ha politizado el CGPJ y quiere controlarlo completamente. Los populares llevan 5 años incumpliendo su deber constitucional de facilitar esa renovación.